El Gobierno local obvia el Consejo de Salud que continúa sin convocarse

La comisión podría haber tratado el brote de legionella o la situación del hospital militar y del Equipo Quirúrgico.

Sevilla- Tan sólo se ha convocado dos veces la pasada legislatura y, desde que PSOE e IU reeditaron el pacto de gobierno en 2007, continúa en el dique seco. El Consejo de Salud, un organismo municipal creado en 2006 para asesorar al Gobierno local en materia sanitaria, no se ha constituido durante este mandato, a pesar de que el Ayuntamiento acumula numerosos proyectos pendientes relacionados con la sanidad pública.
El Consistorio no tiene competencias en materia sanitaria, aunque sí le corresponde la puesta en marcha de programas de atención en los centros de salud y la coordinación de las diferentes políticas sanitarias que se desarrollan en la ciudad. El Consejo de Salud, creado como un órgano meramente consultivo, está integrado por los partidos con representación en el Ayuntamiento, la Delegación Provincial de Salud, las delegaciones municipales de Medio Ambiente, Bienestar Social y Urbanismo, representantes de los distritos, sindicatos y asociaciones de consumidores. Sin embargo, según denuncia la concejal del PP Rosario García, «no hemos sido llamados aún, por lo que no tenemos a ningún representante porque simplemente no existe».
García lamenta el «desinterés» del Consistorio cuando existen varios temas urgentes que se podrían tratar en el organismo, como la anunciada reorganización de los centros de salud o la reforma del hospital militar. Un asunto especialmente sangrante es el Equipo Quirúrgico, que sigue sin construirse. Cuando fue derribado en abril de 2008, la Consejería de Salud y el alcalde, Alfredo Sánchez Monteseirín, anunciaron que el nuevo Centro de Alta Resolución Jardines de Murillo estaría operativo en 2009, por lo que el retraso es más que tangible, ya que el solar continúa expedito y sin ningún atisbo de obra. «Hicimos una propuesta de uso y preguntamos en el Pleno, puesto que está en un sitio estratégico», sostiene García. Pero el proyecto continúa en el limbo administrativo, sin licencia de obra ni uso futuro concreto.
Igualmente, llama la atención que el Consejo no se convocara con motivo del brote de legionella ocurrido el pasado mes de septiembre, que se saldó con tres fallecidos y quince hospitalizados. «Las medidas de prevención que se pueden tomar y la información sobre los controles que supuestamente realizó el Ayuntamiento se podrían haber expuesto en el Consejo de Salud, pero ha sido imposible», critica García.
Durante el último Pleno, el PP preguntó a la delegada de Salud y Consumo, Teresa Florido, si tenía intención de reactivar el organismo, a lo que contestó que no hacía falta porque ya funcionaba «con normalidad». García critica el «cinismo» de la responsable municipal, puesto que «la obligación del equipo de Gobierno es la de convocar regularmente el Consejo», tal y como pasó con el de Consumo, que se puso en marcha tras las reiteradas denuncias de los populares.

Zoido propone la construcción de un Centro de Día en la Oliva con espacio para los mayores de “La Paloma”

El Portavoz del Grupo Popular, Juan Ignacio Zoido, ha anunciado que llevará al próximo Pleno del Ayuntamiento que se celebrará en el mes de marzo, una iniciativa para que se construya un Centro de Día en la barriada de la Oliva con un espacio para las actividades de la Asociación de Mayores “La Paloma”.

Así lo ha dicho tras reunirse con varios representantes de esta asociación de mayores en la Asociación familiar de la Oliva, el lugar donde realizan desde 1987 sus actividades por falta de espacio propio peses a las reiteradas peticiones que han hecho a la administración. De hecho, la Asociación de Mayores “La Paloma” tiene comprometido por el Ayuntamiento un terreno que tendría que haber cedido Epsa al Ayuntamiento para el uso de estos vecinos, y que por errores administrativos y por contemplar sólo la cesión no gratuita sigue sin ser disfrutado por los mayores de La Oliva.

Ante esta situación, los más de mil mayores que pertenecen a la asociación, se han dirigido al portavoz popular en busca de soluciones. Por su parte, Zoido, se ha comprometido a buscar una alternativa a la cesión de terreno en estos momentos bloqueada e inviable a corto plazo, por lo que ha dicho que llevará al Pleno del Ayuntamiento una propuesta para que se inste a la Consejería de Asuntos Sociales de la Junta de Andalucía a la firma de un convenio para que se construya un Centro de Día en el barrio donde ubicar, además, a la Asociación de Mayores “La Paloma”.

Para Zoido, es inexplicable que “un error administrativo y que la Junta de Andalucía no quiera que la cesión sea gratuita, acaben por bloquear el derecho de superficie a favor de estos mayores aprobado en un pleno municipal dejando en la estacada a más de mil mayores de la Oliva”.

Concretamente, los hechos datan del año 99, cuando después de varios años de reivindicaciones, EPSA acuerda en Consejo de Administración la cesión de una parcela, acuerdo que es aceptado por el Pleno del Ayuntamiento de Sevilla a primeros del año 2000 para que se pusiera a disposición del Área de Hacienda y se adscribiera a la Delegación de Participación Ciudadana.

Al año siguiente, el Pleno municipal aprueba la constitución con carácter gratuito a favor de la Asociación La Paloma de la tercera edad de la Oliva un derecho de superficie sobre la parcela. Aquí se produce el primer error de tipo administrativo ya que la parcela constaba inscrita a favor de la Gerencia de Urbanismo con un plazo de tres meses para la formalización de ese derecho.

Ya en el año 2002 el Grupo Popular presentó una propuesta con el único punto de acuerdo para que “a la mayor brevedad posible se adopten los trámites oportunos que concluyan con la cesión por parte del Ayuntamiento de Sevilla a la Asociación de Mayores La Paloma de la parcela de propiedad municipal situada junto a l primer bloque de la calle Getsemaní junto a las instalaciones de Lipasam para la construcción de un local social de dicha asociación”.

El gobierno municipal presidido pro Alfredo Sánchez Monteseirín modificó el texto de dicho acuerdo sustituyendo la constitución de un derecho de superficie por la cesión del uso de la citada parcela y eliminando del acuerdo la referencia registral de la titularidad de la parcela porque la parcela ya no era de titularidad municipal.

El gobierno municipal nada hizo entonces y nada ha hecho en todos estos años. El Grupo Popular ha seguido insistiendo hasta conseguir que el gobierno reconozca que EPSA ya no está dispuesta a la cesión gratuita de la parcela, pro lo que en estos momentos los mayores se encuentran con 10 años pedido y la frustración tras haber creído las promesas incumplidas de los últimos gobiernos municipales.

Zoido, que ha estado estudiando las posibles parcelas y locales de la zona con titularidad pública, propondrá como posible espacio para este servicio uno de los locales a la altura de la rotonda donde confluye la calle Poeta Benítez Carrasco en dirección a la Ciudad Sanitaria, si bien el portavoz del Grupo Popular ha dejado claro que es una propuesta abierta cuyo único objetivo es cumplir, de una vez por todas, con este colectivo de La Oliva que tantos años llevan esperando sin soluciones.

Zoido lleva al Parlamento Europeo la reclamación de los mayoristas de pescado de Mercasevilla

El portavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Sevilla, Juan Ignacio Zoido, acompañado por el portavoz Adjunto y consejero de Mercasevilla, Beltrán Pérez, por el abogado de la organización de mayoristas de pescado, José Ramón Rodríguez Fajó, el presidente de la asociación de empresarios de Mercasevilla, José María Morillo, y el abogado Joaquín Moeckel, ha viajado hasta Bruselas para tratar de avanzar en el cumplimiento de la Sentencia del Tribunal de la Competencia sobre los cánones que pagan los mayoristas del pescado en Mercasevilla, y que ha sido ratificada por la Audiencia Nacional.

Zoido, que se ha ofrecido públicamente a ayudar y canalizar las peticiones de todos los colectivos de Mercasevilla, ha puesto en contacto a los representantes de los mayoristas del pescado con los eurodiputados Carlos Iturgaiz y Teresa Jiménez Becerril, que se han ofrecido para asesorarle en todo lo que necesiten para que eleven una quejan a la Comisión de Peticiones de la Cámara Europea de la que Iturgaiz es vicepresidente.

Zoido ha mostrado su satisfacción por el resultado del encuentro y ha insistido en que cuando hay una resolución por cumplir y una Cámara Europea en la que se puede desbloquear hay que insistir hasta conseguirlo por el bien de estos empresarios, del mantenimiento de los puestos de trabajado, y de los sevillanos que se abastecen de los productos de Mercasevilla. Por eso, el portavoz popular se ha mostrado dispuesto a llamar a todas las puertas necesarias para colaborar con el buen funcionamiento de la compañía y la conciliación de los intereses de todos los colectivos de Mercasevilla.

Una de las principales preocupaciones del portavoz popular es la repercusión del pago de los cánones actuales en el mantenimiento de los puestos de trabajo. En este sentido, Zoido ha explicado que los mayoristas de pescado son los únicos que tienen que pagar un canon de arrastre de descarga y facturación que ellos consideran discriminatorio, que repercute en el precio del pescado que consumimos los sevillanos y que no ayuda a generar empleo.

Para el portavoz popular, la garantía de la conciliación de todos los intereses tienen que tener un claro compromiso con el empleo. “Hay fórmulas para que se aplique esta resolución y no se pierda ni un solo puesto de trabajo sino muy al contrario” ha añadido.

“Me preocupa especialmente la pérdida de puestos de trabajo, y está claro que cuando se resuelva la resolución que está pendiente, mejorará la gestión y estos emprendedores tendrán más posibilidades de mantener y generar nuevos puestos de trabajo”, a lo que ha añadido que “cuando se cumpla la resolución pendiente ganarán los empresarios y ganarán los sevillanos, que compraremos el pescado sin que el canon repercuta en el precio”.

Zoido se ha mostrado muy satisfecho porque los mayoristas han expresado su responsabilidad con el futuro de Mercasevilla a adecuar sus peticiones a la buena marcha de la empresa y sus trabajadores. Asimismo, ha expresado su intención de colaborar en todo lo que esté en su mano para evitar enfrentamientos y solucionar los que se hubieran podido originar hasta ahora.

Zoido propone sacar políticos y meter técnicos en Mercasevilla

Juan Ignacio Zoido, portavoz del PP en el Ayuntamiento dre Sevilla ha propuesto para conseguir la salvación de Mercasevilla una «alianza» entre todos los partidos para «despolitizar de una vez por todas»la gestión del mercado central de abastos. Ésa idea del portavoz del PP y candidato a la Alcaldía en 2011, Juan Ignacio Zoido, es la que ha ofrecido al alcalde como acuerdo de futuro. Zoido, que reiteró con vehemencia que su propuesta no tiene nada que ver con «un pacto de silencio», sino todo lo contrario, cree que «Mercasevilla se encuentra en una situación crítica fruto de la gestión de quienes la han dirigido en los últimos diez años». Y dice tener la solución para esta situación límite: «La alianza de concentración de fuerzas». El portavoz del PP propone cuatro medidas fundamentales. En primer lugar, y aceptando incluso el argumento del Gobierno municipal de que «han sido engañados por los anteriores gestores», habría que «vaciar Mercasevilla de políticos y rellenarla de profesionales y gestores» para evitar «engaños» producidos por el desconocimiento en la materia que tienen los concejales. Por ello, su modelo de consejo de administración está compuesto por «personas con capacidad profesional, permaneciendo un solo representante político de cada grupo municipal». Para Zoido, «el resto deben ser auténticos gestores que no percibirán dieta alguna por su aportación al futuro de la sociedad». Esto es: «Hablo de decanos de colegios profesionales, catedráticos universitarios...». En segundo lugar, aunque en la misma línea, el PP solicita que «teniendo en cuenta que Jordi Maymó se va sin haber conseguido relanzar la empresa e incluso habiendo generado enfrentamientos con mayoristas», el próximo gerente «sea un profesional capaz de imponer los criterios profesionales por encima de los políticos» elegido por unanimidad y «sin adscripción a ningún partido».
La tercera medida que ofrece Zoido es «delegar en el consejo de administración la verdadera gestión de la empresa» y «la invitación a la participación en dicho consejo de las asociaciones empresariales que operan en Mercasevilla junto a representantes del comité de empresa». Finalmente, Zoido también propone «la presencia del PP en la comisión ejecutiva» para que ésta cuente con representantes de todos los partidos políticos, ya que «ahí se han tomado medidas que han perjudicado notablemente a la compañía». De hecho, el candidato popular se comprometió a «dar representación a todos los partidos si yo soy alcalde».

El PP asegura que Mercasevilla "roza la quiebra técnica" con pérdidas "acumuladas" de cinco millones de euros

La sociedad mixta Mercasevilla, participada por el Ayuntamiento hispalense y Mercasa, "roza la quiebra técnica" al sumar su "acumulado de pérdidas" casi cinco millones de euros como resultado de la "pésima gestión", la "ingeniería contable" desplegada por el ex director general Fernando Mellet y otras "contingencias" como la disolución de la fundación socioasistencial, según advirtió hoy el consejero de esta empresa y concejal del PP Beltrán Pérez, tras conocer la auditoría externa elaborada por 'Deloitte'.

El consejo de administración de Mercasevilla ha tomado hoy conocimiento del contenido de esta auditoría elaborada por la consultora 'Deloitte' y ya elevada al Juzgado de Instrucción número seis, que investiga tanto el supuesto intento de cobro de comisiones ilegales protagonizado por los ex directivos Fernando Mellet y Daniel Ponce, como las irregularidades del concurso público mediante el que se adjudicó a Sanma --filial del grupo Sando-- los derechos de opción de compra de los suelos del antiguo mercado central pese a que el grupo Noga concurría con una oferta superior.

Beltrán Pérez explicó a los periodistas que la auditoría ha revelado prácticas como el registro de pasivos como "ingresos" en la contabilidad de Mercasevilla, una medida de "ingeniería contable" que ha "inflado" las cuentas generales de la empresa creando un escenario financiero "absolutamente distinto" a la "realidad". Así, destacó que el ejercicio 2008, cuando la directiva liderada por Fernando Mellet repartió dividendos de 258.000 euros, arrojó en realidad pérdidas que superaron los 1,5 millones de euros.

Además, destacó que la auditoría ha detectado el gasto de "ingresos futuribles" finalmente no percibidos y advirtió de que el "acumulado de pérdidas" de Mercasevilla se eleva a 4.962.000 euros al sumar una deuda de 2,5 millones de euros y otras "contingencias" como la "liquidación"
de la fundación sociasistencial, acordada por Mercasevilla tras la imputación de Mellet y Ponce y que supone una nueva carga de más de 1,2 millones de euros para la sociedad mixta.

"La empresa roza la quiebra técnica. Las pérdidas son espectaculares", dijo Beltrán Pérez tras este consejo de administración. En ese sentido, explicó que, efectivamente, los nueve millones de euros comprometidos para las prejubilaciones del ERE de 2007 conducen a Mercasevilla a una "quiebra técnica fulminante" si la Junta de Andalucía no participa en su financiación.

Así, confirmó que, en efecto, aunque "parece que la Junta tenía la obligación" de financiar los costes de los prejubilados y en las pólizas analizadas por 'Deloitte' figura que "la Junta tiene que pagar", la auditoría no ha localizado ningún documento en el que la Administración andaluza firme su aportación económica a estos procedimientos. Tal extremo, según dijo, podría deberse a que el Gobierno andaluz "no ha respondido" a las peticiones de documentación por parte de 'Deloitte'.

No obstante, advirtió de que si Mercasevilla se ve abocada a afrontar en solitario los costes del ERE, la empresa está condenada a "la quiebra evidente", por lo que apostó por "presionar" al Gobierno andaluz para que aporte dinero para las prejubilaciones. Estos nueve millones, según dijo, constituyen una amenaza que "tenemos que procurar que desparezca".

Ya en el plano político, Beltrán Pérez recordó que el alcalde de Sevilla, Alfredo Sánchez Moteseirín (PSOE), "no ha estado ahí", en alusión al consejo de administración y la condición del regidor de presidente de la empresa. Monteseirín, según advirtió, "es un alcalde a la fuga. Ha tirado la toalla". Igualmente criticó, que la portavoz del Gobierno municipal de PSOE e IU-CA, Maribel Montaño (PSOE), haya protagonizado "un 'show'. Un numerito" entregando en el Juzgado de Instrucción número seis la auditoría externa, recordando que Montaño "no es nadie" en Mercasevilla y no es una concejal electa del Ayuntamiento.

Así, Beltrán Pérez advirtió de que la auditoría "muestra" los delitos societarios sospechados por el PP, dado que la situación de la empresa es fruto de "una pésima gestión" y "actuaciones ilícitas". Al respecto, advirtió de que por lo que al futuro de la empresa se refiere, el PP "va a estar con el Gobierno" local "en lo razonable" y siempre que las actuaciones salvaguarden a la empresa, pero descartó cualquier "cheque en blanco" y anunció que el PP luchará contra la "corrupción" con instrumentos como la anunciada querella por delitos societarios.

De tal forma, aseguró que el PP formulará "propuestas de crisis" y se prestará para "salvar la empresa", pero no aceptará "pactos de silencio" ni dejará de ejercer las acciones correspondientes en el esclarecimiento de los hechos.

Zoido pide otro centro para valorar las minusvalías

El portavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Sevilla, Juan Ignacio Zoido, realizó dos propuestas relacionadas con minusválidos y discapacitados: una para que se amplíen los servicios de valoración y otra para que el Ayuntamiento ponga en marcha una web interactiva, que permita detectar las barreras arquitectónicas de la ciudad y eliminarlas.
Zoido se refirió a la insuficiencia del Centro Base de Valoración de Personas con Discapacidad de la Provincia de Sevilla, ya que sólo existe un único centro para toda la provincia, en la zona de Puerta de Córdoba, que no responde a las demandas actuales. «Son muchas las personas que tienen que esperar hasta un año y medio para que se les valore su grado de discapacidad, debido a la acumulación de trabajo, y además el centro presenta unas condiciones de uso lamentables».
Respecto a las instalaciones que la Junta abrirá en Sevilla Este dijo que «en este centro no cabrían los once equipos de valoración que trabajan actualmente, que además son insuficientes». Por ello, se hace «necesario», además de este nuevo centro, que se mantenga abierto el de la zona de Puerta de Córdoba y que se incorpore mas personal, tanto técnico como administrativo, dijo Zoido, que solicitará estos extremos en el Parlamento, donde preguntará por el estado actual del Centro Base de Valoración.
En cuanto a los problemas de movilidad de los discapacitados, el portavoz municipal del PP aludió al trabajo con un grupo de aparejadores y diseñadores gráficos para elaborar la página web «sevillalibredebarreras.com», un programa on-line para ayudar a personas con discapacidad a través de un mapa interactivo de la ciudad, «donde se informe de Sevilla, de los edificios municipales o de la Sevilla turística». Señaló que la web servirá como punto de referencia en el que los usuarios podrán señalar los distintos puntos de la ciudad en el que han encontrado barreras arquitectónicas «para que el Ayuntamiento las elimine».

El PP propone ayudas para familias desahuciadas

El PP del Ayuntamiento elevará al próximo Pleno una moción en la que propone la búsqueda de un «acuerdo» con las entidades financieras para renegociar las hipotecas de quienes no puedan afrontar sus pagos a causa de la crisis, proponiendo además la creación de una «línea de ayudas sociales» de alquiler destinadas a respaldar «a las familias desahuciadas» y en «situación de urgente necesidad» que no dispongan de prestaciones por desempleo.
La concejal Eugenia Romero expuso que tras la elevada tasa de desempleo que padece la ciudad, se ocultan «tragedias personales y familiares», en alusión a la situación de «gente que no sabe cómo va a comer y dónde va a vivir, porque no pueden afrontar la hipoteca y saben que tarde o temprano, si alguien no les echa una mano, se van a ver en la calle». En este sentido, advirtió de que el 44% de los parados de la provincia, 69.698 personas, «no reciben ninguna prestación». Extrapolando este porcentaje a la capital, serían 31.000 vecinos de Sevilla los que no tendrían ingresos de ningún tipo.
Por eso, la moción del PP reclama que el Gobierno central «haga efectiva» la moratoria de hipotecas aprobada en 2009 para los parados con el objetivo de aplazar hasta la mitad de la cuota con un máximo de 500 euros a desempleados y otros colectivos con problemas financieros. Además, la moción popular reclama a la Junta de Andalucía la creación de un Fondo de Compensación Hipotecario para «establecer medidas de apoyo para situaciones de riesgo de pérdida patrimonial por impago de las cuotas de la hipoteca que grava la vivienda habitual».
En el plano municipal, la moción insta al Gobierno local a buscar un acuerdo con las entidades financieras para «renegociar las hipotecas de las familias y particulares que no puedan afrontar sus pagos», proponiéndose, además, la creación de una «línea de ayudas sociales de alquiler» para que las familias desahuciadas gocen de un «alquiler de emergencia». Se trataría de una línea de ayudas a parados que ya no perciban prestación y que pierdan su vivienda esta año «similar a la que ya se realiza en otras ciudades españolas». «Menos Cuba y Venezuela y más ayudas para alquiler de emergencia a los sevillanos», recalcó la edil popular Romero.