El portavoz adjunto del PP en el Consistorio hispalense y consejero de Mercasevilla, Beltrán Perez, pidió hoy la dimisión de los responsables políticos de la empresa por "la mayor investigación de la democracia en Sevilla por el mayor escándalo de corrupción de la democracia en Sevilla".
En rueda de prensa, Pérez manifestó su satisfacción por que la juez de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, haya dictado un auto en el que, además de imputar a los ex directivos de Mercasevilla Fernando Mellet y Daniel Ponce un delito societario, pide distinta información sobre la empresa "desde antes de 2002, antes incluso de los hechos que se están investigando".
Asimismo, destacó que "la línea de investigación se abre también desde el nacimiento de la Fundación Mercasevilla" y resaltó como "relevante que se pida que se investigue el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) de 2007 y se concreten los compromisos de pago de la Junta de Andalucía".
"El entronque de todas las causas facilitará la demostración de los hechos que se investigan", añadió el edil popular, quien aseguró que "la investigación va más allá de Mercasevilla" y consideró que "el escenario es incierto y tan amplio como personas han participado en la gestión de Mercasevilla", de modo que "hay mucha gente preocupada en la Junta de Andalucía y en el gobierno de la ciudad PSOE-IU".
Por tanto, se preguntó "cómo es posible que con tres causas abiertas, imputados, la importancia de las causas, la posible comisión de un delito societario y la apertura de una investigación sin precedentes todavía ningún dirigente político de Mercasevilla haya dimitido por haberlo permitido por acción u omisión".
En este sentido, insistió en que "en el epicentro de este terremoto de corrupción están PSOE e IU" y advirtió de que "lo que se ha visto hasta ahora es solo una pequeña parte" y de que "se acabó la ocultación y el encubrimiento, han entrado las luces y los taquígrafos".
"A la sociedad hay que transmitirle que ante algo así en una empresa pública tiene que haber responsabilidades", afirmó Beltrán Pérez, quien apuntó que "la gente en la calle se pregunta si aquí no dimite nadie".
EL AUTO
En el auto hecho público ayer, la juez entiende que existe "una amalgama de hechos que conllevaría una gestión desleal de la sociedad Mercasevilla, generándole importantes perjuicios económicamente evaluables", lo cual "obliga a reabrir" las presentes actuaciones y admitir tanto la querella presentada en su día por Mercasevilla y Fundación como, de manera "parcial", la formulada por el PP, dirigiendo la investigación contra Mellet, Ponce y Giraldo, "sin perjuicio que la presente instrucción pueda extenderse a cualesquiera otras personas que aparecieran indiciariamente responsable de los hechos".
Al hilo de ello, solicita a Mercasevilla que aporte, en relación al periodo en que Mellet ejerció su cargo de director general, información sobre las cuentas anuales; informes de auditoría; libro diario; libro mayor; libro de inventario; balances de comprobación; libros de actas; declaraciones de impuestos de sociedades, IRPF e IVA; contratos de préstamos formalizados o el listado de contratos, sobre todo lo cual la Policía Judicial realizará un informe "sobre las incidencias más significativas".
Además pide a la fundación que aporte, a parte de todo lo anterior, el organigrama del personal de dirección, plantilla y remuneraciones desde su creación y hasta el 17 de febrero de 2009, la juez instructora solicita a la Dirección General de Pesca y Agricultura las resoluciones sancionadoras recaídas en los 74 expedientes abiertos a Mercasevilla por el depósito de pescado inmaduro.
De igual modo, requiere a Fernando Mellet "soporte documental justificativo" de los pagos efectuados con la tarjeta Visa de la Dirección General de Mercasevilla durante los años 2007, 2008 y 2009, mientras que pide a Mellet y a Ponce las facturas "justificativas" de los gastos de viaje por importe de 11.417 euros. Asimismo, solicita de Mercasevilla una copia compulsada del acuerdo por el que la Junta General de Accionistas del merca acordó el 15 de abril de 2008 el pago de dividendos por 90.000 euros.
Asimismo, la juez instructora acuerda librar oficio al Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAS) del Ministerio de Economía y Hacienda para que, con la remisión de los informes de Deloitte, "determine por qué por parte de la auditora Price Waterhouse Coopers, que realizó el informe de auditoría de 2008 y de años anteriores del merca, no se detectaron las irregularidades contempladas por Deloitte en su informe de Estados Financieros del 30 de abril de 2009, y se informe en su caso de la posible responsabilidad en que dicha auditora podría haber incurrido".
De otro lado, pide que la fundación informe sobre los criterios que justificaron la concesión de la beca a la hija del presidente de la Asociación de Mayoristas de Pescado; así como que se acredite "la realidad del asesoramiento" prestado por las empresas Maginae Solutions S.L. y por Hermes Consulting en cuanto al ERE de 2007. Además, solicita informes sobre la conferencia que, dentro del Foro Jurídico de la fundación, generó un doble gasto --7.629 euros al merca y 6.000 euros a la fundación--, todo ello al objeto de que "se expliquen los motivos de dicha duplicidad".
Tras todo ello, la juez acuerda que, una vez se aporte la documentación requerida, se realice una pericial económica "sobre la realidad y el alcance jurídico-económico" de lo solicitado y sobre "la presunta existencia de cualesquiera otros actos de falsedad de cuentas anuales o de documentos que deban reflejar la situación económica de la sociedad, de actos de distracción de fondos, o disposición fraudulenta de bienes, que hayan causado un perjuicio" tanto al merca como a la fundación
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