El PP cree "legal y viable" el despido de Ponce y propone un consejo de administración sin dietas ni alcalde

El consejero de la sociedad mixta Mercasevilla y portavoz adjunto del PP en el Ayuntamiento hispalense, Beltrán Pérez, advirtió de que los informes de los servicios jurídicos del Grupo popular ven "legal y viable" el nuevo despido del ex director adjunto Daniel Ponce, extremo descartado hoy por el consejo de administración de esta empresa participada por el Consistorio y Mercasa. Además, los populares se oponen a la propuesta de reducir el propio consejo de administración y reclaman que tal medida sea sustituida por la renuncia a las dietas y la salida de este órgano del alcalde, Alfredo Sánchez Monteseirín (PSOE).

El consejo de administración de la sociedad mixta, participada por el Ayuntamiento hispalense y Mercasa, ha acordado hoy una operación "acordeón" al objeto de eludir la causa de disolución reduciendo a cero su capital social para luego ampliarlo a 1.285.000 euros mediante aportaciones económicas y unos locales comerciales. Además, se ha aprobado no someter a un nuevo despido a Ponce, cuyo primer despido ya fue declarado improcedente, y proponer a la junta general de accionistas una reducción de la composición del propio consejo de administración, del que toman parte 21 personas.

Tras la sesión, Beltrán Pérez informó de que el PP se ha abstenido en lo que la votación de la operación "acordeón" se refiere, porque aunque se trata de una "operación a corazón abierto" para esquivar la "quiebra técnica", la convocatoria del consejo de administración el pasado viernes ha impedido que los populares gocen de "tiempo alguno para consultar ninguna documentación" respecto a esta maniobra financiera. No obstante, Pérez advirtió de que pese a esta operación, "sin un plan de mejora o saneamiento, Mercasevilla acabará muriendo".

Y es que Mercasevilla, como se recordará, cerró 2009 con pérdidas por valor de 4.123.666 euros, según las cuentas formuladas por el consejo de administración, que acordó entonces la citada operación "acordeón". La financiación de las pre jubilaciones implicadas en el expediente de regulación de empleo (ERE) de 2007, en ese sentido, constituye el mayor problema económico de esta empresa investigada tanto por un supuesto intento de cobro de comisiones ilegales, como por posibles irregularidades en la enajenación de los suelos del mercado central y un presunto delito societario.

En cuanto a Daniel Ponce, Beltrán Pérez señaló que el PP se ha opuesto a la renuncia a consumar el nuevo despido estudiado por los servicios jurídicos de la compañía y el Grupo popular, porque pese al dictamen de los asesores jurídicos de la sociedad mixta, los "informes" promovidos desde el Grupo popular creen "legal y viable" una nueva ruptura de la relación contractual "en función de las faltas continuadas de ocultación de información a la empresa, administración desleal continuada, la vulneración de la buena fe contractual y su imputación" en las tres causas que investiga el Juzgado de Instrucción número seis de Sevilla.

"Es legal y viable", resolvió el consejero de Mercasevilla y concejal popular Beltrán Pérez, quien atribuyó el fracaso del primer despido, declarado improcedente por el Juzgado de lo Social número once, a supuestos defectos de forma en los que la empresa habría incurrido de forma intencionada a cuenta de lo que el PP bautizó en su momento como un "despido impostado", pues los populares defienden que todo se trató de una maniobra para contentar a la opinión pública pero garantizar la permanencia de Ponce en la plantilla.

Al respecto, Pérez recordó que Daniel Ponce es "uno de los mayores responsables" de la trama que investiga la juez Mercedes Alaya, quien le ha imputado en las tres causas incoadas a tal efecto, y recordó que, en función de su salario, el ex director adjunto seguirá cobrando aproximadamente "200 euros al día" mientras permanezca en la empresa. Daniel Ponce, precisamente, ha elevado a la vía Social una demanda contra la negativa de Mercasevilla a incluirle en el recién expirado expediente de regulación de empleo (ERE) de 2007 y permitir así su pre jubilación.

Finalmente, el concejal popular mostró su rechazo a la propuesta del vicepresidente de la empresa, primer teniente de alcalde y portavoz municipal de IU-CA, Antonio Rodrigo Torrijos (IU-CA), de reducir "drásticamente" el volumen del consejo de administración, pues tras esta idea "creemos que se esconde una posible eliminación de personas molestas" en dicho órgano de gobierno de la empresa.

"Quienes empezamos este mandato en este consejo de administración tenemos que acabarlo", dijo Pérez, quien consideró que "cuantas más manos haya en el consejo de administración para salvar Mercasevilla, mejor". Por eso, propuso "no cerrar las puertas a la participación" y reducir los gastos implícitos en el funcionamiento del consejo de administración con una renuncia colectiva a las dietas "como yo tuve el honor de hacer en 2007" cuando ingresó en este órgano.

Además, propuso que el consejo de administración prescinda del alcalde, porque pese a figurar como presidente de dicho órgano, "no está" en las sesiones "ni se le espera" pese a que "es el principal responsable de la situación" que atraviesa la empresa. Al respecto, recordó que el consejo de administración ha celebrado ya más de 15 reuniones sin la participación del primer edil. "No a la reducción. Sí a la entrada de operadores que conocen Mercasevilla y sí a los recortes de las dietas y del alcalde", resumió en cuanto a la posición del PP.

Finalmente, el consejero Beltrán Pérez recordó que, nuevamente, ha reclamado acceso al documento fotocopiado cuyo contenido vincularía supuestamente a la Consejería de Empleo con la financiación del expediente de regulación de empleo de 2007, la principal losa económica que pesa sobre la sociedad mixta

El PP advierte de que el PSOE pisotea a las ONG´S para beneficiar a los “proyectos” de Torrijos

La concejal del Grupo Popular Evelia Rincón ha advertido de que el PSOE está pisoteando a las ONG´S con el único objetivo de beneficiar a los proyectos de cooperación políticos y partidistas de Torrijos, “lo que está causando un grave perjuicio a los verdaderos proyectos de cooperación al desarrollo de la ciudad de Sevilla”.

En este sentido, Rincón ha explicado que “para los próximos presupuestos de 2010, el Ayuntamiento ha decidido reducir la partida de transferencia al exterior, que de 1.687.243 euros en 2009 se ha quedado en 500.000 euros”; y ha añadido que “sin embargo la cooperación no transparente, oscura y sin fiscalizar en manos de Torrijos y de la Fundación DeSevilla ha pasado de 1.630.000 euros a 1.502.000 en 2010”.

Así, la concejal del PP ha denunciado que “por culpa del pacto en B entre PSOE e IU, la cooperación real y transparente del Ayuntamiento se ha reducido un 70%, mientras que la cooperación política y partidista de Torrijos sólo un 8%”; y ha destacado que “es una vergüenza que por culpa de un pacto de sometimiento a Torrijos, se perjudique gravemente a la verdadera cooperación de libre concurrencia y donde se presentan, valoran y controlan los proyectos, frente a la ayuda partidista e ideológica de IU a Cuba, Nicaragua, por poner varios ejemplos”.

Asimismo, Evelia Rincón ha resaltado que “una buena medida anticrisis sería suprimir la Fundación DeSevilla, que sólo sirve para pagar sueldos a enchufados y hacer política partidista, en lugar de recortar las ayudas a las organizaciones solidarias”; y ha añadido que “es absurdo que una fundación que en 2008 tenía 953.000 euros de pérdidas siga existiendo, y además las empresas municipales se ahorrarían cerca de 900.000 euros como patronos de la Fundación DeSevilla”.

De igual modo, Rincón ha comentado que “es lógico que tenga que haber recortes para paliar la crisis económica, pero no se debe castigar y quitar dinero a los que hacen una buena utilización de las ayudas para seguir dándoselo a Torrijos”; y ha añadido que “el actual portavoz del Gobierno, Alberto Moriñas, que fue delegado de cooperación para el desarrollo, ha consentido ceder ante Torrijos al reducir la cooperación real del Ayuntamiento con el único fin de mantenerse en su nuevo cargo”.

Además, Evelia Rincón se ha preguntado “cómo va a justificar la Fundación DeSevilla los más de 2.500.000 euros de los presupuestos de 2008 y 2009”, y ha añadido que “a día de hoy no hemos visto ni un solo euro justificado porque Torrijos ha ido ampliando los plazos de manera interesada para demorar y ocultar las facturas”.

Con respecto al año 2009, la concejal del PP ha señalado que “DeSevilla contaba 1.630.000 euros para acción social y para unos proyectos que Torrijos demora y oculta al Grupo Popular, ya que hemos solicitado en reiteradas ocasiones ver los expedientes y sólo nos lo han dejado ver una vez, por lo que es imposible fiscalizar completamente los proyectos, dándonos la siguiente cita para el próximo 7 de junio”; y ha añadido que “esta es una de las razones por la que vamos a presentar una enmienda a la totalidad de los presupuestos para pedir su retirada”

El PP pide que dimitan los responsables políticos de Mercasevilla por "la mayor investigación de la democracia"

El portavoz adjunto del PP en el Consistorio hispalense y consejero de Mercasevilla, Beltrán Perez, pidió hoy la dimisión de los responsables políticos de la empresa por "la mayor investigación de la democracia en Sevilla por el mayor escándalo de corrupción de la democracia en Sevilla".

En rueda de prensa, Pérez manifestó su satisfacción por que la juez de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, haya dictado un auto en el que, además de imputar a los ex directivos de Mercasevilla Fernando Mellet y Daniel Ponce un delito societario, pide distinta información sobre la empresa "desde antes de 2002, antes incluso de los hechos que se están investigando".

Asimismo, destacó que "la línea de investigación se abre también desde el nacimiento de la Fundación Mercasevilla" y resaltó como "relevante que se pida que se investigue el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) de 2007 y se concreten los compromisos de pago de la Junta de Andalucía".

"El entronque de todas las causas facilitará la demostración de los hechos que se investigan", añadió el edil popular, quien aseguró que "la investigación va más allá de Mercasevilla" y consideró que "el escenario es incierto y tan amplio como personas han participado en la gestión de Mercasevilla", de modo que "hay mucha gente preocupada en la Junta de Andalucía y en el gobierno de la ciudad PSOE-IU".

Por tanto, se preguntó "cómo es posible que con tres causas abiertas, imputados, la importancia de las causas, la posible comisión de un delito societario y la apertura de una investigación sin precedentes todavía ningún dirigente político de Mercasevilla haya dimitido por haberlo permitido por acción u omisión".

En este sentido, insistió en que "en el epicentro de este terremoto de corrupción están PSOE e IU" y advirtió de que "lo que se ha visto hasta ahora es solo una pequeña parte" y de que "se acabó la ocultación y el encubrimiento, han entrado las luces y los taquígrafos".

"A la sociedad hay que transmitirle que ante algo así en una empresa pública tiene que haber responsabilidades", afirmó Beltrán Pérez, quien apuntó que "la gente en la calle se pregunta si aquí no dimite nadie".

EL AUTO

En el auto hecho público ayer, la juez entiende que existe "una amalgama de hechos que conllevaría una gestión desleal de la sociedad Mercasevilla, generándole importantes perjuicios económicamente evaluables", lo cual "obliga a reabrir" las presentes actuaciones y admitir tanto la querella presentada en su día por Mercasevilla y Fundación como, de manera "parcial", la formulada por el PP, dirigiendo la investigación contra Mellet, Ponce y Giraldo, "sin perjuicio que la presente instrucción pueda extenderse a cualesquiera otras personas que aparecieran indiciariamente responsable de los hechos".

Al hilo de ello, solicita a Mercasevilla que aporte, en relación al periodo en que Mellet ejerció su cargo de director general, información sobre las cuentas anuales; informes de auditoría; libro diario; libro mayor; libro de inventario; balances de comprobación; libros de actas; declaraciones de impuestos de sociedades, IRPF e IVA; contratos de préstamos formalizados o el listado de contratos, sobre todo lo cual la Policía Judicial realizará un informe "sobre las incidencias más significativas".

Además pide a la fundación que aporte, a parte de todo lo anterior, el organigrama del personal de dirección, plantilla y remuneraciones desde su creación y hasta el 17 de febrero de 2009, la juez instructora solicita a la Dirección General de Pesca y Agricultura las resoluciones sancionadoras recaídas en los 74 expedientes abiertos a Mercasevilla por el depósito de pescado inmaduro.

De igual modo, requiere a Fernando Mellet "soporte documental justificativo" de los pagos efectuados con la tarjeta Visa de la Dirección General de Mercasevilla durante los años 2007, 2008 y 2009, mientras que pide a Mellet y a Ponce las facturas "justificativas" de los gastos de viaje por importe de 11.417 euros. Asimismo, solicita de Mercasevilla una copia compulsada del acuerdo por el que la Junta General de Accionistas del merca acordó el 15 de abril de 2008 el pago de dividendos por 90.000 euros.

Asimismo, la juez instructora acuerda librar oficio al Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAS) del Ministerio de Economía y Hacienda para que, con la remisión de los informes de Deloitte, "determine por qué por parte de la auditora Price Waterhouse Coopers, que realizó el informe de auditoría de 2008 y de años anteriores del merca, no se detectaron las irregularidades contempladas por Deloitte en su informe de Estados Financieros del 30 de abril de 2009, y se informe en su caso de la posible responsabilidad en que dicha auditora podría haber incurrido".

De otro lado, pide que la fundación informe sobre los criterios que justificaron la concesión de la beca a la hija del presidente de la Asociación de Mayoristas de Pescado; así como que se acredite "la realidad del asesoramiento" prestado por las empresas Maginae Solutions S.L. y por Hermes Consulting en cuanto al ERE de 2007. Además, solicita informes sobre la conferencia que, dentro del Foro Jurídico de la fundación, generó un doble gasto --7.629 euros al merca y 6.000 euros a la fundación--, todo ello al objeto de que "se expliquen los motivos de dicha duplicidad".

Tras todo ello, la juez acuerda que, una vez se aporte la documentación requerida, se realice una pericial económica "sobre la realidad y el alcance jurídico-económico" de lo solicitado y sobre "la presunta existencia de cualesquiera otros actos de falsedad de cuentas anuales o de documentos que deban reflejar la situación económica de la sociedad, de actos de distracción de fondos, o disposición fraudulenta de bienes, que hayan causado un perjuicio" tanto al merca como a la fundación

El PP denuncia como “humillante y manifiestamente ilegal” que Mercasevilla conceda "préstamos" mensuales reintegrables para las prejubilaciones

Los cerca de 40 trabajadores de la sociedad mixta Mercasevilla pre jubilados a través del expediente de regulación de empleo (ERE) de 2007, cuyo coste se niega a asumir la Consejería de Empleo, cobran sus prestaciones mediante "contratos de préstamo" mensuales que esta entidad participada por el Ayuntamiento hispalense y Mercasa les hace firmar, al objeto de percibir sus nóminas en concepto de "préstamo", bajo un compromiso de reintegro del importe y sin que suponga un "reconocimiento" de derechos adquiridos, según reveló hoy el Grupo popular, que consideró "aberrante y humillante" esta práctica.

En rueda de prensa, el concejal del PP y consejero de esta sociedad Beltrán Pérez expuso una copia de uno de los "contratos de préstamo"
que, según dijo, ha diseñado la empresa para ingresar a los pre jubilados del ERE de 2007 sus prestaciones en concepto de "préstamos" mensuales.

En el documento facilitado por el PP, en efecto, figura la firma del nuevo director general de Mercasevilla, Juan Carlos Recio, y se relata que la póliza suscrita por la empresa y el Banco Vitalicio confiaba el pago de las nóminas correspondientes a las pre jubilaciones del ERE de 2007 "proporcionalmente" a la propia compañía y a la Consejería de Empleo, "tal como se hizo en el anterior expediente de regulación de empleo de 2003", según reza en el texto. La Consejería de Empleo, como es conocido, niega su participación en la financiación de estas prestaciones, cuyo coste supera los nueve millones de euros alzándose como la principal losa económica de la sociedad mixta.

RENUNCIA A LOS "DERECHOS ADQUIRIDOS"

De hecho, este "contrato de préstamo" refleja también el "incumplimiento" de la Junta de Andalucía por lo que a este "compromiso" se refiere, extremo que motiva, según el documento, que el Banco Vitalicio no abone a los pre jubilados las prestaciones correspondientes a cada uno de los meses para los que rige esta fórmula de pago. Dado el caso, los contratos de préstamo en cuestión entregan a los pre jubilados sus percepciones precisamente en concepto de "préstamo" concedido por Mercasevilla, lo que incluye el "compromiso" de reintegro de las cuantías percibidas, además del reconocimiento de la ausencia de "derechos adquiridos" por lo que a las relaciones que dichos documentos recogen.

Así, en este "contrato de préstamo", el trabajador en cuestión renuncia "al derecho a exigir próximos préstamos" por parte de Mercasevilla e incluso desiste de emprender "reclamaciones" ante la empres por las partidas impagadas, dado que atribuye la obligación de abonar las nóminas precisamente al Banco Vitalicio.

"UNA AUTÉNTICA HUMILLACIÓN"

Estos contratos de préstamo, según Beltrán Pérez, constituyen "una indignidad, un atropello y una auténtica humillación" para el colectivo de pre jubilados del expediente de regulación de empleo de 2007, porque mensualmente se les hace suscribir un préstamo para percibir unas prestaciones que les corresponden como "derecho adquirido" merced al citado ERE. Pérez consideró que esta fórmula es manifiestamente "abusiva y lesiva" para los pre jubilados, pues entre otras cosas establece la "obligación" de reintegrar las cuantías prestadas, además de "la renuncia mensual a los vínculos jurídicos de estos trabajadores con la propia Mercasevilla".

"Es una auténtica humillación", resumió Beltrán Pérez, quien advirtió de la "indefensión y la incertidumbre" a la que son sometidos los pre jubilados al estar sujetos a una serie de préstamos "mensuales" en sustitución de sus prestaciones. "Mercasevilla podría reclamarles cualquier día estos préstamos, que no sirven como aval o garantía" a la hora de negociar cualquier crédito y que, además, "dejan en el aire cada mes el posible cobro del mes siguiente", señaló.

Igualmente, alertó de que a través de esta fórmula, Mercasevilla, que afronta una ampliación de capital tras cerrar 2009 con pérdidas por más de 4,1 millones de euros, "obliga a los trabajadores a desvincular sus derechos" de la propia compañía y "vincularlos al Banco Vitalicio", todo ello pese a que los pre jubilados "no tienen vínculos con el banco o con la Junta", porque su "garantía" y la persona jurídica obligada a responder ante ellos no es otra que la propia sociedad mixta Mercasevilla. Se trata, así, de una práctica "manifiestamente ilegal", pues "se presta un dinero que deberían cobrar los pre jubilados porque tienen derecho a ello", zanjó el concejal popular.

"BAJO SIETE LLAVES"

Por eso, criticó duramente que la directiva de la sociedad mixta "esconda bajo siete llaves" la conocida fotocopia cuyo contenido vincularía a la Consejería de Empleo con el pago de estas prestaciones, toda vez que el propio departamento de Manuel Recio niega que tal documento implique un "compromiso" de la Administración autonómica por lo que al ERE de 2007 se refiere.

En ese sentido, recordó que si finalmente dicho documento prueba la obligación de la Junta de Andalucía de participar en la financiación de las pre jubilaciones, "podría ser levantada una de las mayores losas económicas" que mantienen a la sociedad mixta sumida en "la ruina", dado que los nueve millones de euros implicados en el pago de estas prestaciones figuran como pasivo en las cuentas de 2009 de esta compañía y constituyen su principal obstáculo financiero.

Así, recordó que el PP he reclamado una vez verbalmente, y dos veces por escrito, acceso a dicho documento, una de cuyas copias espera entregar el próximo lunes el comité de empresa al secretario general del PSOE sevillano, José Antonio Viera, en una reunión concertada a tal efecto. De cara a tal encuentro, y volviendo la mirada hacia el conflicto de Transportes Urbanos de Sevilla (Tussam), Beltrán Pérez advirtió de que el asunto, por su propia naturaleza, "no se tiene que arreglar en la sede de un partido", sino en las instituciones al tratarse de una empresa participada por el Ayuntamiento y Mercasa.

Al respecto, advirtió de una "posible estrategia electoral" para conceder como "una gracia" a los pre jubilados de Mercasevilla lo que por derecho les pertenece. "De la mano de José Antonio Viera no debe estar la solución de este problema", concluyó.

El PP pide claridad sobre el futuro del Hospital Duques del Infantado ante el inminente traslado de enfermos de cáncer

La concejal del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Sevilla Charo García, ha pedido la máxima claridad sobre el futuro del Hospital Duques del Infantado tras conocerse que el Servicio Andaluz de Salud tiene previsto el traslado de las 20 camas para enfermos de cáncer que supuestamente es transitorio pero que los trabajadores temen que sea definitivo.

En este sentido, García ha pedido a la Junta de Andalucía que “deje de ocultar información y que diga claramente cuáles son los planes que tienen para este centro”. Asimismo, ha instado al gobierno municipal a sumarse a la reivindicación del PP para que “no se juegue con los sevillanos con falta de transparencia sobre el futuro de este centro donde se atienden a enfermos oncológicos”.

Desde que el Servicio andaluz de salud (SAS) se hace cargo Centro Oncológico Regional de Sevilla en los años noventa, la Junta de Andalucía ha demostrado su falta de interés. De hecho, cuando pasó a ser competencia de la administración autonómica denominándose Hospital Duques del Infantado dejó de ser paulatinamente un centro de referencia en el tratamiento de cáncer, disminuyendo camas y desmantelando servicios como el de medicina nuclear y se transforma en un centro para la realización de Cirugía Mayor ambulatoria y cuidados paliativos.

Para García, desgraciadamente en Sevilla “la gestión del gobierno socialista nos ha dado motivos de preocupación, y prueba de ello es la situación del equipo quirúrgico, la del Hospital Militar o el laboratorio municipal con lamentables sucesos como los de este verano con el brote de legionelosis y los problemas con las inspecciones municipales”.

“Si realmente se va a apostar por la dignidad en la enfermedad y no sólo en la muerte, los señores del Partido Socialista deberían comprometerse con Sevilla y con el Hospital Duque del Infantado y decir claramente cuáles son los planes que tienen para el centro sanitario” ha dicho la edil popular, quien ha añadido que “los sevillanos estamos hartos de las continuas improvisaciones que son mucho mas graves en época de crisis.