miércoles, 26 de mayo de 2010

El PP cree "legal y viable" el despido de Ponce y propone un consejo de administración sin dietas ni alcalde


El consejero de la sociedad mixta Mercasevilla y portavoz adjunto del PP en el Ayuntamiento hispalense, Beltrán Pérez, advirtió de que los informes de los servicios jurídicos del Grupo popular ven "legal y viable" el nuevo despido del ex director adjunto Daniel Ponce, extremo descartado hoy por el consejo de administración de esta empresa participada por el Consistorio y Mercasa. Además, los populares se oponen a la propuesta de reducir el propio consejo de administración y reclaman que tal medida sea sustituida por la renuncia a las dietas y la salida de este órgano del alcalde, Alfredo Sánchez Monteseirín (PSOE).

El consejo de administración de la sociedad mixta, participada por el Ayuntamiento hispalense y Mercasa, ha acordado hoy una operación "acordeón" al objeto de eludir la causa de disolución reduciendo a cero su capital social para luego ampliarlo a 1.285.000 euros mediante aportaciones económicas y unos locales comerciales. Además, se ha aprobado no someter a un nuevo despido a Ponce, cuyo primer despido ya fue declarado improcedente, y proponer a la junta general de accionistas una reducción de la composición del propio consejo de administración, del que toman parte 21 personas.

Tras la sesión, Beltrán Pérez informó de que el PP se ha abstenido en lo que la votación de la operación "acordeón" se refiere, porque aunque se trata de una "operación a corazón abierto" para esquivar la "quiebra técnica", la convocatoria del consejo de administración el pasado viernes ha impedido que los populares gocen de "tiempo alguno para consultar ninguna documentación" respecto a esta maniobra financiera. No obstante, Pérez advirtió de que pese a esta operación, "sin un plan de mejora o saneamiento, Mercasevilla acabará muriendo".

Y es que Mercasevilla, como se recordará, cerró 2009 con pérdidas por valor de 4.123.666 euros, según las cuentas formuladas por el consejo de administración, que acordó entonces la citada operación "acordeón". La financiación de las pre jubilaciones implicadas en el expediente de regulación de empleo (ERE) de 2007, en ese sentido, constituye el mayor problema económico de esta empresa investigada tanto por un supuesto intento de cobro de comisiones ilegales, como por posibles irregularidades en la enajenación de los suelos del mercado central y un presunto delito societario.

En cuanto a Daniel Ponce, Beltrán Pérez señaló que el PP se ha opuesto a la renuncia a consumar el nuevo despido estudiado por los servicios jurídicos de la compañía y el Grupo popular, porque pese al dictamen de los asesores jurídicos de la sociedad mixta, los "informes" promovidos desde el Grupo popular creen "legal y viable" una nueva ruptura de la relación contractual "en función de las faltas continuadas de ocultación de información a la empresa, administración desleal continuada, la vulneración de la buena fe contractual y su imputación" en las tres causas que investiga el Juzgado de Instrucción número seis de Sevilla.

"Es legal y viable", resolvió el consejero de Mercasevilla y concejal popular Beltrán Pérez, quien atribuyó el fracaso del primer despido, declarado improcedente por el Juzgado de lo Social número once, a supuestos defectos de forma en los que la empresa habría incurrido de forma intencionada a cuenta de lo que el PP bautizó en su momento como un "despido impostado", pues los populares defienden que todo se trató de una maniobra para contentar a la opinión pública pero garantizar la permanencia de Ponce en la plantilla.

Al respecto, Pérez recordó que Daniel Ponce es "uno de los mayores responsables" de la trama que investiga la juez Mercedes Alaya, quien le ha imputado en las tres causas incoadas a tal efecto, y recordó que, en función de su salario, el ex director adjunto seguirá cobrando aproximadamente "200 euros al día" mientras permanezca en la empresa. Daniel Ponce, precisamente, ha elevado a la vía Social una demanda contra la negativa de Mercasevilla a incluirle en el recién expirado expediente de regulación de empleo (ERE) de 2007 y permitir así su pre jubilación.

Finalmente, el concejal popular mostró su rechazo a la propuesta del vicepresidente de la empresa, primer teniente de alcalde y portavoz municipal de IU-CA, Antonio Rodrigo Torrijos (IU-CA), de reducir "drásticamente" el volumen del consejo de administración, pues tras esta idea "creemos que se esconde una posible eliminación de personas molestas" en dicho órgano de gobierno de la empresa.

"Quienes empezamos este mandato en este consejo de administración tenemos que acabarlo", dijo Pérez, quien consideró que "cuantas más manos haya en el consejo de administración para salvar Mercasevilla, mejor". Por eso, propuso "no cerrar las puertas a la participación" y reducir los gastos implícitos en el funcionamiento del consejo de administración con una renuncia colectiva a las dietas "como yo tuve el honor de hacer en 2007" cuando ingresó en este órgano.

Además, propuso que el consejo de administración prescinda del alcalde, porque pese a figurar como presidente de dicho órgano, "no está" en las sesiones "ni se le espera" pese a que "es el principal responsable de la situación" que atraviesa la empresa. Al respecto, recordó que el consejo de administración ha celebrado ya más de 15 reuniones sin la participación del primer edil. "No a la reducción. Sí a la entrada de operadores que conocen Mercasevilla y sí a los recortes de las dietas y del alcalde", resumió en cuanto a la posición del PP.

Finalmente, el consejero Beltrán Pérez recordó que, nuevamente, ha reclamado acceso al documento fotocopiado cuyo contenido vincularía supuestamente a la Consejería de Empleo con la financiación del expediente de regulación de empleo de 2007, la principal losa económica que pesa sobre la sociedad mixta

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